En los últimos años, en Mallorca mucho ha salido mal en la política de residuos. Ante la vista de todos, ahí están en el casco antiguo de Palma grandes contenedores tapados, feos restos de un sistema de extracción averiado. Cualquier residente sabrá dar cuenta espontáneamente de varios vertederos ilegales en su entorno. Y también la importación de basura de otros países, para incinerarla en Mallorca, ha perjudicado la imagen de la isla.

No es que haya faltado dinero. Todo lo contrario. Se gastó a espuertas, tanto en la construcción del sistema neumático en Palma como en los hornos de Son Reus. En este salto a la alta tecnología, sin embargo, ni se tuvieron en cuenta problemas prácticos ni hubo previsión en la planificación y la puesta en marcha. Esto condujo, por ejemplo, a la absurda situación de que la recogida de basura amenazaba con ser cada vez más cara al aumentar la cuota de reciclaje: la planta de Son Reus, al fin y al cabo, debe funcionar permanentemente para también producir energía.

El nuevo plan de residuos, ahora encarrilado, demuestra que se puede aprender de los errores. Por fin se sacan las necesarias conclusiones. Comenzando por profundizar en la filosofía del reciclaje - se incorpora al inventario el contenedor de residuos orgánicos- pasando por medidas para marcar los límites de la concesionaria Tirme hasta culminar en la decisión de redimensionar la planta incineradora.

No obstante, queda un problema que los responsables difícilmente podrán resolver. En vista de las deteriorada imagen de la instituciones políticas, el necesario compromiso de los ciudadanos muy probablemente no será gran cosa. ¿Merece la pena separar la basura? ¿Por qué tengo que llevar los restos de construcción al vertedero si los impuestos desaparecen demasiado a menudo en canales oscuros? ¿Y cómo se persuade a los ayuntamientos a que asuman su responsabilidad de controlar los vertederos ilegales? Son asuntos que no se resuelven con simpáticos anuncios publicitarios y carteles.