Hay que buscar bastante para encontrar diferencias programáticas sustanciales entre los partidos de izquierda que ahora quieren asumir el poder en Baleares. Lo de la proyectada ecotasa aún da algo de dolores de cabeza, pero por lo demás PSIB, Més per Mallorca y Podemos presentan una gran sintonía sobre el rumbo político a seguir tras la avalancha electoral del 24 de mayo. Por lo que los desencuentros sobre cómo organizar el nuevo Gobierno y a quién nombrar en el puesto más importante - la presidencia - resultan aún más llamativos.

El veto de Podemos a la socialista Francina Armengol es comprensible si se tienen en cuenta los orígenes de este nuevo partido de izquierdas. Podemos se fundó para tomar el relevo de un malogrado bipartidismo, y los socialistas formaban parte de la "casta" a la que se responsabilizaba de la crisis. Esto hace apenas un año, porque ahora la situación ha ­cambiado sustancialmente. Los socialistas se han

encogido hasta ser un socio de coalición casi equivalente, además de haber acercado claramente sus posturas a las de Podemos. Armengol puede que personifique la continuidad, pero el PSOE al mismo tiempo ha puesto en marchas importantes reformas en materia de participación y transparencia.

La pregunta de si Podemos participa de un Pacte de Progrés o si se limita a tolerar una coaliciòn entre socialistas y Més, en último término, se reduce a una decisión entre el interés común y el interés particular. En caso de que participe en el Gobierno, el nuevo partido tendría que hacer concesiones, arriesgar conflictos con sus bases y darse cuenta de que más de una teoría o no funciona en la práctica o fracasa ante las resistencias. Así, un movimiento que parece tener soluciones a todos los problemas de España podría perder su magia. El nuevo Gobierno, por el contrario, ganaría: no solo sería mucho más estable, sino que también ganaría fuerza para la tan importante renovación democrática.