El pasado estará muy presente en Mallorca durante las próximas semanas: por medio de dos leyes, el Govern de izquierdas quiere abrir el expediente de la guerra civil y hacer justicia a las más de 2.000 víctimas mortales del régimen franquista (1939-1975) enterradas de manera anónima en fosas a lo largo y ancho de la isla.
En vez de repasar el pasado, cuya memoria todavía no se he recuperado ni asumido, proponemos una mirada optimista, por no decir utópica. Imaginémonos que la ley de fosas se debata en las próximas semanas en el Parlament. El Govern, a pesar de las dificultades económicas, aprueba un presupuesto suficientemente alto para poner en práctica el proyecto. Los diputados del Partido Popular, en la oposición, hacen de tripas corazón y votan por una ley que de esta manera es aprobada de manera unánime y también participan en la comisión parlamentaria que aclara todos los aspectos prácticos de la apertura de las fosas.
A tiempo para el 17 de julio del próximo año, cuando se conmemore el 80 aniversario del estallido de la guerra civil, un equipo interdisciplinario se pone a trabajar: arqueólogos recuperan los primeros esqueletos, historiadores documentan los yacimientos, forenses comparan las pruebas de ADN de los huesos encontrados con las de los hijos y los nietos. En actos de homenaje, los restos mortales son trasladados a los pueblos de origen -solo una minoría de las víctimas fueron enterrados en sus propios municipios-, y sepultados en tumbas familiares. Estudiantes de historia preparan documentos, fotos y testimonios para una página web multilingüe que es objeto de atención internacional. Hasta se organizan visitas para turistas interesados en estos temas. Y mientras la ley de fosas balear se convierte en una modelo para una regulación a nivel nacional, los trabajos de exhumación se pueden completar en abril del 2019. 80 años después del fin de la guerra civil, este capítulo oscuro se habrá recuperado y asumido. Tarde, pero de forma insoslayable.
