Buenas noticias: la Comisión Europea, tal y como era de esperar y a instancias de una demanda del abogado mallorquín Alejandro del Campo, ha abierto una investigación contra España para determinar si el así llamado Modelo 720 contraviene derecho comunitario. Todo indica que éste es el principio del fin de una regulación que ponía los pelos de punta al obligar a todo contribuyente en España a declarar al fisco su patrimonio en el extranjero superior a 50.000 euros. Lo que ponía los pelos de punta no era la pretensión, justificada, de poner coto a las corrientes de dinero negro internacionales y forzar una mayor honestidad fiscal. Al igual que en otros casos, el escándalo es cómo se ha llevado a la práctica: las muchas contradicciones y flecos en los detalles de la obligación, la manera cómo en ella se pasan de alto principios jurídicos como el de la prescripción, las descomunales multas, ya no solo esgrimidas como amenazas sino impuestas.

Todo ello, previsiblemente, pronto tendrá que ser archivado, y el alivio entre los pudientes extranjeros residentes en Mallorca casi que se siente en el aire. Para evitarse problemas, muchos de ellos han vuelto a trasladar a sus países de origen su sede fiscal (mas no su residencia). Ello no puede estar en el interés ni de Hacienda ni de Mallorca. Quien en la isla resida más de la mitad del año, ha de pagar aquí sus impuestos, también para poder hacerse sentir en cuestiones ciudadanas. Al mismo tiempo, ya nadie le quitará al fisco español las informaciones obtenidas desde 2013. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en repetidas ocasiones se ha congratulado públicamente de haberse hecho con un gigantesco tesoro de datos. Los inspectores fiscales se servirán de él durante años y lo han hecho ya en las investigaciones contra el antiguo director general del FMI, Rodrigo Rato, y el ex president catalán Jordi Pujol. Lo dicho: la pretensión de impedir que el dinero negro fluya a cuentas extranjeras es legítima. Solo que el fin no justifica los medios.