Para empezar: Sería más fácil eliminar los cubos de sangría del llamado "Ballermann" que Airbnb, Homeaway, etc. de Palma. Este fenómeno mundial no lo puede frenar el gobierno de una isla. Por eso, hay que descartar una prohibición. Sin embargo, también las limitaciones del alquiler vacacional se deberían pensar bien: Si la ley de Berlín corre peligro de ser recurrida, también será con mucha probabilidad la solución mallorquina - sin hablar con tono prepotente. Además, respecto a las polémicas viviendas vacacionales, pronto se hablará de la bien conocida inseguridad jurídica mientras se acumulan las demandas judiciales, por lo que los juzgados tendrán todavía más trabajo.

Teniendo en cuenta estos problemas, ¿no tendría más sentido permitir el alquiler de manera general? Con reglas, claro - tanto para el registro como para el pago del IRPF y el impuesto turístico - , y ciertos estándares de calidad. Sólo eso debería tener como consecuencia que no cualquier morada de la que se puede sacar dinero se ofrezca como vivienda vacacional. Quien teme las trabas burocráticas, una necesaria reforma o la instalación de un aparato de aire condicionado tal vez vuelva a preferir a los inquilinos de larga duración. También ciertos fenómenos raros o casi criminales del alquiler vacacional deberían desaparecer del mercado. Por ejemplo, el subalquiler de una vivienda alquilada o de habitaciones sueltas - eso todavía resulta más lucrativo -, sin que el dueño tenga la mínima idea. El enorme mercado negro que ha surgido a raíz de la legislación actual - alegando el pretexto poco convincente ´¿cómo pagar impuestos por algo que según la ley no existe?´ - se podría encauzar de esta manera.

Sin embargo, todo eso sólo sería posible controlando y sancionando de manera rigurosa. Pero en eso, el Govern ya ha fracasado totalmente respecto a las viviendas unifamiliares de alquiler turístico. De estas, cuatro años después del reglamento legal, miles se siguen alquilando en el mercado negro.