Todos los políticos son unos corruptos. Palabras más, palabras menos así se pueden resumir las reacciones que suscita en la calle el escándalo del Govern de izquierdas. Es una opinión que se nutre de asuntos muchas veces tratados: evitar un concurso público a la hora de encargar un trabajo, amigos empresarios que se aprovechan de decisiones políticas, la fiscalía que entra en escena. También la oposición ya parece saber lo que ha ocurrido: desde su punto de vista, ha llegado la hora de pagarle con la misma moneda a los moralistas de siempre.

Urge esclarecer lo sucedido, el Govern balear debe respuestas. A la hora de valorar el escándalo se deberían tener en cuenta tres aspectos: los antecedentes políticos, la proporcionalidad y la manera cómo se trabaja a la hora de esclarecer las fallas. Después de todo lo que ha pasado en la política balear en las últimas décadas, cualquier responsable político debería de estar más que advertido. Demasiadas veces se han

fraccionado contratos para proporcionárselos a empresas amigas. Demasiadas veces los impuestos han acabado en la caja de los partidos. Demasiadas veces se han hecho trampas con estudios innecesarios. La lección que de ahí se desprende: quien no fracciona contratos, quien siempre convoca concursos públicos, quien se distancia de manera profesional de los amigos de los tiempos de campaña no corre ningún

riesgo de estar bajo sospecha.

Pero igualmente claro es que el actual escándalo en comparación con lo que en el pasado se atrevieron a hacer el PP y sus amigos parece mucho menos grave. Hay que aplicar las mismas reglas para el esclarecimiento, pero no se pueden meter estos casos en el mismo saco. En beneficio del Govern de izquierdas hay que decir que se toma en serio la investigación y que errores obvios tienen consecuencias en forma de dimisiones. Aparte de los intentos de explicación también se nota no poco arrepentimiento. Y antes tampoco se solía escuchar una petición de perdón.