Ahora resulta que sí: el impuesto del turismo sostenible, concebido como compensación a la carga ambiental que conlleva el turismo, se convierte en un instrumento de gestión de la afluencia turística. Al menos esto es lo que pretendía Podemos con su propuesta de subir de manera inmediata y drástica un tributo apenas introducido el año pasado. Si bien la iniciativa no ha prosperado debido a las objeciones de los partidos gobernantes PSIB y Més, ahora se ha acordado "evaluar" una subida de precios para el próximo año. Una vez que los políticos afirmen "evaluar" una subida de impuestos, es sabido, ésta ya no suele estar lejos.

La idea de gestionar un mercado que está desatado a través de una medida fiscal no es descabellada. Mallorca suspira por la masiva afluencia de turistas, motivada ante todo por la situación geopolítica. La impresión de que la isla ha llegado al límite de su capacidad de acogida es generalizada y justificada. No va más: en esto hay acuerdo por encima de las diferencias políticas. En este contexto, una subida de la llamada ecotasa - se hablaba de hasta cuatro euros por pernoctación y noche - podría ser muy efectiva. Pero también, y ojalá sean conscientes de ello los gobernantes moderados, funesta. Un incremento así casi inevitablemente llevaría a la prensa amarillista de los países emisores a poner aquel grito en el cielo que se logró evitar gracias a la comedida introducción de la ecotasa el año pasado. Un escenario en el que cientos de miles de alemanes o británicos opten por no pasar sus vacaciones en Mallorca al considerar que lo que por ellas se cobra es un robo no es improbable. Ello tendría consecuencias dramáticas para una economía que aún está lejos de disponer de alternativas al turismo. Sí, hay que gestionar la afluencia de turistas: regulando el alquiler vacacional, organizando el transporte a los atractivos turísticos, limitando el número de cruceros en el puerto. Pero no de este modo.