El hecho de que el Gobierno central haya parado los planes de prohibir las prospecciones en las costas mediterráneas (pág. 8) es deplorable no solo por motivos ecológicos. Parece que para el Gobierno Rajoy las maniobras parlamentarias son más importantes que la lucha contra el cambio climático. Y eso que el presidente propagó las buenas intenciones de España después de que Trump se retirara del tratado de París. Palabras vacías, por lo visto. Pero esto tiene sistema. Hay casi una docena de proyectos de ley de Baleares que el Gobierno central ha parado o ha anunciado que bloqueará. Es un amplio abanico temático: de la ley taurina a la tarifa plana de vuelos para residentes hasta la nueva ley de alquiler turístico, que está a punto de aprobarse. Parece que el Gobierno conservador quiere torpedear toda iniciativa del pacto izquierdista-ecologista. ¡Sin argumentos, sin sentido! Esto no solo es cicatero, sino que también lleva a la pregunta de en qué áreas se le permite a las Comunidades Autónomas autogestionarse. Y hasta qué punto el Gobierno central asume la responsabilidad de defender los intereses de los isleños. El caso de las prospecciones demuestra lo poco que Madrid tiene en cuenta el bien de las Baleares. La propuesta de ley fue adoptada de forma unánime en el Parlament. Porque es razonable. Porque cualquier ciudadano de las islas - desde el ecologista izquierdista esotérico de sobrassada de tofu hasta el magnate hotelero con bañador de cuero de tintorera - tiene un interés en mantener las costas isleñas libres de plataformas petroleras a largo plazo. Porque la política por suerte a veces significa poner la sensatez antes del partido. En todas partes, salvo en Madrid. Ahora es necesario que las fuerzas políticas, sociales y empresariales de las islas se unan más allá de las diferencias ideológicas. Madrid no ha de decidir lo que nos conviene, por una vez que nos habíamos puesto de acuerdo. Y para pelearnos no necesitamos de ayuda.
