En teoría aquí debería leerse un artículo de opinión benevolente en todos los sentidos. Después de un largo debate se ha aprobado una ley que ataca los principales problemas del alquiler vacacional en Baleares. Una ley que quizás resulte demasiado burocrática, pero que acaba por fin con la situación alegal de los apartamentos, que da cuenta tanto de la emergencia de vivienda como de las peculiaridades locales y pide responsabilidades a los portales de Internet. A lo sumo, habrían cabido dudas respecto a la eficiencia de las inspecciones habida cuenta del hasta ahora gran número de propietarios de viviendas vacacionales ilegales sin sancionar.
Pero el resultado es otro. Se ha aprobado la ley, pero nace con un defecto: por culpa de Podemos que ha bloqueado la legalización de apartamentos turísticos, el intrincado proyecto diseñado por el Govern de izquierdas se ha convertido en un galimatías jurídico que primero se ha de desenredar. En vez de aclarar la situación y acabar con la alegalidad, ahora nos vemos confrontados con una larga serie de interrogantes y preocupaciones por la inseguridad jurídica. Por una parte, esto tiene consecuencias para el Govern que ha fracasado en uno de sus proyectos estrella - aunque sea por culpa ajena, como se podría argumentar a su favor. Por otra parte, tiene consecuencias sobre todo para el mercado de las viviendas vacacionales que amenaza estar cada vez más fuera de control. Sin una oportunidad de legalizar de manera dosificada los apartamentos turísticos y sin garantías de que se sancionen las infracciones -tampoco la aplicación de las multas está nada clara de momento-, es de prever que de momento todo siga igual. Esto quiere decir: los alquileres a largo plazo seguirán disparándose, los turistas con sus trolleys seguirán calentando los ánimos de los vecinos, Hacienda seguirá sin ingresar buena parte de lo que le corresponde por los ingresos. Y Podemos poco a poco se dará cuenta de lo pírrica que resulta esta victoria.
