El fastidioso juego „todo cambia tras un cambio de gobierno" es bien conocido en Mallorca. Y el nuevo Govern de izquierdas llegado al poder hace tres meses sigue con ésto como si nada: Grandes cadenas cortejadas por el Partido Popular hace cuatro años ya no pueden construir nuevas sucursales debido a una moratoria aprobada por el Consell Insular. Además, los políticos ofenden a inversores - hoteleres, promotores y constructoras - quienes ya planearon realizar proyectos en Calvià. Pero los socialistas anulan ahora todos los cambios empezados por el PP en el plan urbanístico todavía no aprobado definitivamente. Se trata de áreas que debieron ser convertidas en zonas urbanizables y también de reglamentos especiales para poder reformar más fácilmente hoteles en zonas turísticas. Y el centro comercial Palma Springs en Ses Fontanelles que quiere construir la empresa Unibail-Rodamco atraída por el anterior Govern del PP muy probablemente no se hará porque la administración de izquierdas de Palma quiere detener el proceso de aprobación. Detrás de todas estas vueltas políticas se esconden, sin embargo, buenas intenciones: Los gobernantes quieren proteger al comercio minorista mallorquín de las grandes multinacionales. Quieren impedir que se construyan más edificios cerca de la costa y que se realicen mega-proyectos en espacios naturales que merecen ser protegidas. No obstante, en los tiempos de capitalismo muy desarrollado no es fácil efectuar una política de „mundo perfecto": Existen directivas de la UE que les permiten a una empresa expandirse en toda Europa. Hay inversores con mucho dinero quienes por ello necesitan seguridad jurídica y no pueden darse el lujo de atenerse a reglas que cambian cada cuatro años. Es más, se deberán pagar indemnizaciones por daños y perjuicios si estos inversores no pueden seguir con proyectos millionarios ya iniciados. ¿No seria una buena idea una moratoria para los mismos gobernantes? Más vale parar, revisar la situación jurídica, deliberar - y después decidir.