Si tanto los ecologistas como los opositores del Partido Popular tienen algo qué criticar, al menos de una cosa se puede estar seguro: la propuesta del Govern de izquierdas para el proyectado impuesto turístico no es el resultado de las presiones unilaterales de un lobby. El plan ahora presentado oficialmente parece justo, comedido y equilibrado. Si resulta, los turistas asumirán su parte de responsabilidad en el mantenimiento de su isla favorita y no saldrán en estampida, tal y como no se cansan de advertir hoteleros y PP.

El impuesto es justo porque incorpora a todos los turistas: al lado de los huéspedes de los hoteles no solo a los cada vez más numerosos arrendatarios de apartamentos turísticos sino también a los pasajeros de los cruceros. En especial estos barcos, como es sabido, no son una alternativa de vacaciones especialmente neutra en materia de emisiones. Así, se ensancha la base del impuesto y se desvirtúa el argumento de los hoteleros de que toda la carga recae sobre ellos.

El impuesto es comedido si se pone en relación con los gastos vacacionales. El equivalente de una cena de comida rápida es un monto que una familia de turistas bien puede asumir. Otros destinos suelen cobrar bastante más. En comparación con algunos precios de la gastronomía y el turismo en Mallorca es incluso una ganga.

El impuesto es equilibrado porque denota capacidad de gestión política: a los visitantes de Mallorca no se les aplica el mismo rasero, sino que habrán de pagar una tarifa distinta según el tipo de alojamiento y la temporada. Dicho de otro modo: Quien venga en invierno y de esta manera contribuya a la tan mentada desestacionalización, obtendrá un descuento del 50 por ciento.

Hasta aquí la teoría. En la práctica el Govern aún tiene que salvar obstáculos. Ahí está un vacilante socio, Podemos, que siempre da para sorpresas. Y ahí está también el mercado del alquiler vacacional, tan difícil de abarcar y hasta ahora en buena parte desregulado, que seguramente todavía dará más de un dolor de cabeza.