Si recibir críticas de todas partes por igual vale como indicio para un buen término medio, el conseller de Turisme Biel Barceló puede estar de enhorabuena. Desde la presentación de su borrador para regular el alquiler vacacional está en el punto de mira de los más diversos grupos de interés: los ecologistas critican la parcial legalización de los pisos, porque la isla ya está desbordada sin ellos. La asociación de apartamentos turísticos se queja porque estima que apenas se legaliza la mitad de los pisos actualmente ofertados. Y para sus contrincantes, los hoteleros, justamente esa mitad ya es demasiado. Recurren a palabras mayores: Nada menos que la base de la existencia económica de la isla estaría en juego; se supone que hablan de sus propios ingresos millonarios. Como era de esperar, en sus críticas reciben el apoyo de la oposición conservadora en el Parlament que arremete contra la irresponsabilidad del Govern de izquierdas y lamenta que la futura ley "no contente a nadie" y que solo traslade los problemas a otras instancias como las comunidades de propietarios.
Pero la fuerza del borrador presentado reside justo en eso, en no querer contentar a todos sino coger por los cuernos un tema complicado que ha sido ignorado por los gobiernos anteriores. Atreverse a fijar de hecho un límite de plazas turísticas y a la vez decirle en la cara a los hoteleros que tendrán que compartir la tarta turística con arrendadores de todo índole es un paso valiente. Si ahora ecologistas y asociación hotelera gritan al unísono que „regular significa legalizar", eso es una verdad a medias. Regular significa establecer criterios para parcialmente permitir y parcialmente prohibir. Eso se llama hacer política. Y si en este proceso se permite la participación de muchos actores - como consells, ayuntamientos y comunidades de vecinos - el proceso aunque se ralentice y complique bastante, resulta más flexible y democrático.
