El aviso, en cuanto a su forma, no podría ser más decente. La petición de la Comisión Europea a España de modificar el polémico Modelo 720 es el último punto de una larga lista de procedimientos por incumplimiento en febrero y se ha redactado de manera bastante diplomática. Aun así, la escueta nota no oculta que el juramento declarativo sobre el patrimonio en el extranjero no es compatible con principios fundamentales de la Unión Europea como por ejemplo la libre circulación de los ciudadanos. Dicho de otra manera: la lucha contra el fraude fiscal no puede tener como consecuencia que ciudadanos de la UE prefieran quedarse en su país porque Hacienda en España se excede en sus objetivos.

Hace cinco años, una iniciativa para luchar contra el fraude fiscal en España estaba más que justificada. Los escándalos han sacado a la luz casos de destacados políticos y empresarios que habían sacado su patrimonio al extranjero a espaldas de los inspectores fiscales. Después de la polémica amnestía fiscal, al gobierno del Partido Popular le venía bien una actitud de mano dura. Pero la manera cómo se introdujo el muy complejo Modelo 720 denotó más accionismo que estrategia. Y parece que se aceptó como daño colateral el hecho de que España perdía así atractividad como país de residencia y trabajo. Con algo de exageración cabría decir: ¿Para qué sirven residentes transparentes si muchos extranjeros, teniendo en cuenta las consecuencias de una residencia fiscal en España, prefieren quedarse como no residentes?

Un reglamiento cuyas sanciones superan el patrimonio real va en contra de los objetivos de la UE. Eso lo tenía claro desde un principio el abogado Alejandro del Campo a quíen el Mallorca Zeitung acompañó informativamente en estos años. Si ahora se corrige el Modelo 720, es de esperar que sea para elaborar un reglamento que garantice tanto un tratamiento justo de los residentes con patrimonio en el extranjero como la muy necesaria lucha contra el fraude fiscal.