Cuando el Govern en meses pasados anunciaba nuevos pasos en el tema del alquiler vacacional, enseguida reaccionaban los grupos de interés. Hoteleros, propietarios de viviendas, ecologistas: todos arremetían con sus críticas. Ahora, después de entrar en vigor el reglamento subsanado el pasado martes, reina el silencio absoluto. Parece que están impresionados: resulta que el Govern de izquierdas, ese mismo que se pasaba todo el tiempo debatiendo, anunciando e invocando el consenso, ha acabado ganándose su respeto. Una moratoria para nuevas licencias, el castigo estricto al alquiler vacacional de pisos, un límite para las plazas turísticas en vez de exigir públicamente la dimisión del conseller de Turisme, Biel Barceló, la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Baleares (Aptur) se limita a recomendar a sus socios retirar todos los apartamentos de la oferta.
Es tarde, aunque ojalá no demasiado tarde para que el Govern tome cartas en un asunto estratégico que se ha salido de control, también en vista de la decepción reinante en círculos izquierdistas y ecologistas, la verdadera base de su poder. Las protestas contra el turismo de masas ya no se limitan a pintadas. Las campañas de facciones radicales se han convertido en noticia internacional. Solo actuando de manera decidida y rápida el Govern podrá recuperar su credibilidad.
Si funciona, lo van a mostrar las semanas que vienen, cuando ojalá los apartamentos de Airbnb vuelvan al mercado del alquiler de larga duración. Cuando se sancione a los propietarios y portales incorregibles. Y cuando las casas en Mallorca ya no solo se compren principalmente por resultar tan lucrativo el alquiler vacacional. Y después, cuando el mercado haya vuelto a la normalidad, se podrá hablar objetivamente sobre
licencias de alquiler vacacional para pisos, siempre condicionadas y restringidos a determinadas zonas.
