Quien, como alguien no directamente implicado, quiera tomar partido en el conflicto de Cataluña, encontrará argumentos para ambas posiciones aparentemente irreconciliables. Puede que esto tenga que ver con el papel de observador que asumimos los extranjeros y con el hecho de que no seamos presa de la histeria de todos los involucrados. Pero también se debe a que, como sucede en la mayoría de los conflictos, tampoco en este caso existe la verdad absoluta que los guardianes de la constitución en Madrid y los defensores del derecho de autodeterminación en Barcelona nos quieren hacer creer.

Desde el punto de vista formal, la constitución española prohíbe un referéndum como el que el Govern catalán, pese a detenciones y registros, pretende realizar este domingo. No es esta una peculiaridad española, lo ven de manera parecida, por ejemplo, los jueces del Tribunal Constitucional alemán en el caso de Baviera. En respuesta a un recurso de amparo, aclaron en enero pasado que la Constitución alemana no deja margen a aspiraciones secesionistas de los länder. Pero también es un argumento formal válido decir que una Constitución se puede modificar. Y solo si un referéndum, como en el caso de Escocia, se lleva a cabo dentro de un margen jurídico con garantías, una eventual mayoría independentista vale para algo.

Desde el punto de vista político, suspende Madrid. El gobernante Partido Popular ha humillado a Cataluña - sobre todo con su exitosa demanda contra un Estatut de Autonomía ya aprobado por dos parlamentos - y también se ha resistido a buscar una solución a un problema cada vez más grave. España pide a gritos una reforma federal.

Ante todo, sin embargo, la crisis catalana es emocional. Ya desde hace tiempos se han dejado de sopesar los argumentos o buscar soluciones inteligentes. Por el contrario, gobiernan tozudez, odio e ideologías. Los sentimientos nacionales no son verdades absolutas, no reemplazan la política y no invalidan el sistema jurídico. Madrid haría bien en ofrecer soluciones políticas en vez de empecinarse en enviar la policía y la justicia.