La polémica de los taxis en Mallorca no es un caso aislado. En todo el mundo está servido el conflicto entre los taxistas convencionales y las modernas empresas online como Uber. En España, el debate se concentra en el tema de las licencias.

Por una parte, existen las llamadas licencias VTC que conllevan que el conductor tan solo pueda aceptar viajes previamente reservados. Antes, estas licencias las utilizaban sobre todo empresas de lujo que, por ejemplo, ofrecen un servicio de limusinas. Hoy, son Uber, Cabify y Aerocity los que se lanzan a conseguirlas. Las limusinas no suponían competencia para los taxis. Pero la situación ha cambiado: Uber hace de intermediaria para viajes económicos previamente reservados y basta un clic en el smartphone para en cinco minutos tener a disposición un coche. Las conductores, de esta manera, evaden la prohibición de recoger clientes por el camino. La licencia para hacer justo esto les cuesta a los taxistas 200.000 Euros. Una licencia VTC, en cambio, se puede conseguir por más o menos 5.000 euros. Es comprensible, por tanto, la rabia de los taxistas y también el que teman por su inversión.

Desde la perspectiva de los clientes sería lo mejor unificar estas licencias de transporte público. Habría que poder adquirirlas de manera más sencilla y más económica a pesar de que ello suponga una pérdida de valor de las actuales licencias de taxi. Suprimiendo las licencias VTC, el camino, además, estaría despejado para nuevos conceptos como por ejemplo el llamado carpooling. En este modelo, comparten el taxi varias personas que el proveedor encuentra a través de una aplicación. Con licencias VTC eso no es posible puesto que según la ley tan solo se puede alquilar el coche a un titular. Con varios pasajeros en el mismo trayecto se compartirían los costes. Probablemente la gente cogería taxis con más frecuencia y dejaría el coche en casa. Con ello se reducirían tanto el número de vehículos en la calle como los tiempos de espera de los taxistas.