La satisfacción, en ambos casos, llegó a posteriori: El Modelo 720 no se elimina, pero sí sus draconianas sanciones. Y se le da la razón al empresario Matthias Kühn en el caso del proyecto inmobiliario Muleta II en Port de Sóller. Dos casos que durante años han mantenido ocupados a los juzgados. Dos casos que acaban con una bofetada para el estado. Y cuya sentencia, pese a ello, no es ninguna sorpresa. El estado español durante años ha hecho oídos sordos cuando de la declaración de bienes en el extranjero se trataba. ¿Y las diferentes administraciones baleares realmente pensaban que podían enterrar un proyecto de contrucción previamente autorizado sin ningún tipo de consecuencias, simplemente declarando el terreno como suelo rústico?
Y eso que la motivación no era la equivocada. En Baleares siempre habrá que sopesar construcción y protección del paisaje. En el futuro aún más que hasta ahora. Y combatir la corrupción a través de la declaración de bienes en el extranjero tampoco suena como un pecado mortal. El problema es la falta de previsión en el momento de ponerlo en práctica. Esto no es comparable con alguna que otra medida extraña durante la pandemia, cuando en medio de un desarrollo impredecible de los acontecimientos se han tenido que tomar decisiones en tiempo real. No. Esto fueron decisiones que se tomaron con plena consciencia y con toda la tranquilidad del mundo. Con alguna persona pensando: Ya se ocupará otro del problema. Ahora ha llegado ese momento.