Si el salario ya no basta para subsistir, si se depende de donaciones de alimentos y pisos de protección social, si la infancia está marcada por malnutrición y simpleza en vez de programas de intervención temprana y la incitación al aprendizaje, estamos hablando de severas carencias materiales. Pero el nuevo precariado que ha surgido como consecuencia de trabajos mal pagos, abusivos contratos temporales (a tiempo parcial) y la inestabilidad en el empleo (p. 4-5), también empobrecerá la sociedad mallorquina en muchos otros sentidos.

Aunque la mayoría de los afectados a veces no se muera de hambre gracias a la protección paterna o a algún rescate heredado, ya ahora la vida de muchos jóvenes se caracteriza por la inseguridad, la falta de perspectivas y la frustración. La sensación de no poder tomar el control de su propias vidas y de no tener el dinero suficiente para un piso propio así como la imposibilidad de planificar el futuro o pensar en tener ­hijos a la larga resultan igual de insoportables que las pocas perspectivas de muchos parados mayores que posiblemente nunca más encontrarán un puesto con contrato fijo y que hasta nuevo aviso tienen que vivir de sus ahorros o de la renta de un miembro de la familia.

Esta impotencia ya casi colectiva paraliza no solo a la sociedad, sino también al consumo, a la economía y, en última instancia, a todo el sistema. Si la gente ya no se pueda permitir algún gasto extra, esto tiene consecuencias para la industria, el comercio y por ende también para los ingresos fiscales sobre actividades económicas y el IVA. Esto por no hablar de los impuestos que el Estado pierde por culpa de trabajos infrapagados o en negro.

Por todo ello, los políticos, ya sean de derechas o de izquierda, han de poner coto a la cada vez mayor propagación del trabajo precario y no dudar en actuar con la máxima dureza contra todas aquellas empresas que hasta ahora en la mayoría de los casos apenas se sancionan.