Desde hace semanas, este periódico exige del Govern balear explicaciones sobre las evidentes incongruencias en la estadística sobre la incidencia del coronavirus por 100.000 habitantes en los últimos siete días, tan importante para el Gobierno alemán y por ende para Mallorca.

Las respuestas de los portavoces, directores o conse­llers a veces son evasivas („ya os llamaremos“), a veces inocentes

(„difícil de explicar“), a veces de una sinceridad que desarma („problemas informáticos“). Maria Antònia Font, directora general de Salut Publica, tardó tres minutos y medio en explicar el miércoles en una rueda de prensa lo que está sucediendo para luego concluir que los datos que Madrid comunica al extranjero „poco“ tienen que ver con los verdaderos.

Con frecuencia, se percibe también un suspiro apenas reprimido: otra vez estos alemanes con su tema. Puede que jueguen un papel las diferencias en la percepción de lo que está sucediendo. A día de hoy, aquí a nadie se le ocurriría pensar que las islas no son una „zona de riesgo“ para usar el término acuñado por el Gobierno alemán para territorios con una incidencia acumulada de más de 50 casos por 100.000 habitantes en siete días. Las cifras sobre pacientes con covid-19 en la UCI, los brotes en las residencias y las muertes hablan un lenguaje demasiado claro.

Puede que los suspiros también se deban a lo inabarcable que resulta la avalancha de datos, a los intrincados protocolos para recoger, comparar y transmitir los datos, y, posiblemente, a la ineficiencia de algún organismo involucrado.

Pero de nada sirven estos suspiros: Baleares tiene que informar correctamente sobre la incidencia del coronavirus. Son estos valores los que resultan decisivos para decidir sobre las restricciones de viaje entre regiones y países. A un territorio tan dependiente del turismo como es Baleares esto no le puede resultar indiferente. Tiene que proveer datos fiables.

A propósito: a esta conclusión llegamos ya en un editorial de hace tres semanas. Desde entonces nada ha cambiado. Los datos comunicados por el ministerio de Sanidad, basados en los que provee el Govern, siguen sin resistir el más mínimo escrutinio. Baleares pone en riesgo aún más la confianza que hasta ahora ha merecido.