Costas pone a prueba Baleares
A primera vista, cabría estallar en júbilo por el hecho de que el Govern balear reciba las competencias de Costas. Es lógico que una administración insular decida sobre sus propias islas. Pero, ¿es la transferencia de competencias, por sí sola, una buena noticia?
Pese a todos los problemas con la administración del Estado central, en primer lugar, cabe destacar sus méritos. Garantiza que la costa española sea de todos, por así decirlo, e impide que a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Italia, la playa se convierta en propiedad privada de hoteleros o propietarios de viviendas vacacionales. No es esto baladí en el actual debate sobre las compras de casas por extranjeros. Que la lejana Madrid tuviese las competencias de Costas también tenía sus ventajas: ningún empresario local podía mover sus hilos para obtener la concesión de un negocio en la playa con la facilidad con la que quizás lo pudiera hacer a la hora de obtener una licencia del ayuntamiento.
Pero también está claro que Costas debe ser más eficiente y transparente. No puede ser que las concesiones solo se otorguen cuando la temporada de verano hace tiempo que ha comenzado. Y no contribuye a la seguridad jurídica que los dueños de chiringuitos operen durante años o décadas en un limbo legal. Especialmente en vista de los enormes retos que plantea el cambio climático, se requiere una autoridad costera ágil y poderosa. Si el Govern balear lo consiguiese con sus nuevas competencias, entonces sí habría motivos para alegrarse.